Santo Domingo, 23 ene.- El candidato presidencial Carlos Peña presentó este lunes una acción de inconstitucional contra la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), una norma que diferentes sectores temen que pueda tener consecuencias en la libertad de expresión y los derechos de los ciudadanos.
Otros colectivos como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), la Sociedad Dominicana de Diarios (SDDD), la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (Comtec), la Fundación Periodismo, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) y la Fundación Periodismo advirtieron sobre el peligro que, a su juicio, ofrece esta legislación.
Entretanto, en Miami, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresóes su preocupación por las implicaciones para la libertad de prensa y las fuentes confidenciales de información que entraña esta nueva ley en la República Dominicana.
La normativa, que reestructura el sistema nacional de inteligencia, fue promulgada el pasado 15 de enero por el presidente, Luis Abinader.
GOBIERNO LA DEFIENDE
El Gobierno dominicano sostiene que la citada ley «representa un paso importante en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, las ciberamenazas y la corrupción», al proporcionar «la herramienta legal necesaria», recogió la SIP en un comunicado.
Así, el artículo 11 de la nueva legislación, por ejemplo, dice que «todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas (…) estarán obligadas a entregar a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) todas las informaciones que esta requiera (…) para el cumplimiento de sus funciones de inteligencia a los fines de salvaguardar la seguridad nacional».
El presidente de la SIP, Roberto Rock, director de La Silla Rota, de México, alertó sobre una «regulación tan amplia» de seguridad nacional que «obligue a instituciones privadas como los medios de comunicación a entregar todas las informaciones que se requieran».
El artículo 8 de la Declaración de Salta de la SIP estipula que «las leyes deben garantizar el derecho a proteger la identidad de las fuentes confidenciales de los periodistas y deben permitir el uso de herramientas de encriptación o cifrado».
RECURSO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Peña, del Partido Generación de Servidores, GenS, presentó su recurso ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de que se declare no conforme a la Carta Magna y, por tanto, se considere nula de pleno derecho y se revoque por completo.
En esta acción de inconstitucional también se solicita que se anule cualquier acto y disposiciones conexas derivadas de la aplicabilidad y ejecución de la Ley 1-24, así como la suspensión inmediata de la ejecución de la misma, al menos con carácter provisional, hasta que el Tribunal Constitucional conozca el asunto con carácter definitivo.
En declaraciones a los medios, Peña dijo que se presenta esta acción para evitar prácticas que «entendíamos ya superadas, como lo es el espionaje, el caliesaje vulgar y la represión institucionalizada para limitar la libre expresión».
Calificó la ley de «atropello a toda la privacidad, a la dignidad que nuestra Carta Magna consagra debe protegerse», por lo que, subrayó, «nos convertimos en el primer partido en presentar una acción de inconstitucionalidad para proteger los derechos de los dominicanos».
PLD PRESENTARÁ OTRO RECURSO
El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charles Mariotti, acusó al gobierno de pretender establecer prácticas autoritarias y dictatoriales «al promover la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia a semejanza de las peores prácticas de la Era de Trujillo».
Manifestó que «la ley aprobada viola groseramente principios, derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos, consignados en la Constitución de la República, y da un poder excesivo y discrecional a una institución que depende en su totalidad de la decisión política del presidente de la República».
“Es preocupante la actitud y comportamientos que estamos viendo desde hace tiempo en el presidente de la República quien, por lo visto, no repara en nada para tratar de mantenerse en el poder bajo un discurso engañoso de una supuesta honestidad que no ejerce. Ahora piensa que, creando una ley, mediante la cual pueda espiar sin controles a los ciudadanos, a la prensa y a los partidos políticos, le permitirá tener un control omnímodo del país, pero se equivocó, pues en RD la democracia se respeta y siempre será protegida y defendida”, expresó Mariotti en una rueda de prensa en el local principal del PLD.
ADOCCO TAMBIEN RECHAZA NORMATIVA
Previamente, este domingo la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) rechazó esta normativa al entender que la misma podría tener la interpretación y aplicación que el Gobierno quiera darle, violando los derechos fundamentales de las personas.
FUNDACION DICE LEY ATENTA CONTRA DEMOCRACIA
La Fundación Periodismo advirtió acerca de los riesgos que para la ciudadanía y el sistema democrático que vive República Dominicana representa la referida legislación.
Afirma que es peligroso dejar en manos de una entidad controlada por el Poder Ejecutivo, en un país de instituciones «débiles» y donde todo «se politiza», el derecho de decidir y actuar contra quienes se considere estarían conspirando contra la llamada seguridad nacional.
“La ley 1-24 es atentatoria al ejercicio de los derechos civiles y políticos que garantiza la propia democracia, por lo que en su esencia representa el riesgo de que volvamos a trillar caminos que este país superó a base de sangre, dolor y luto”, sostiene la entidad en documento de prensa.
Indica que es deber de todos los dominicanos enfrentar y evitar a toda costa cualquier intento favorable al resurgimiento de prácticas dictatoriales, que se justifiquen en una supuesta defensa de la seguridad nacional.