El Poder Ejecutivo modificó la lista de iniciativas priorizadas que espera sean aprobadas en el Congreso Nacional. La lista que al iniciar este año legislativo 2022-23, en mes de febrero, era de 37 iniciativas, ahora es de 18.
La nueva lista de iniciativas priorizadas del Poder Ejecutivo está conformada por 17 proyectos de ley y un contrato de préstamo.
La lista de proyectos considerados de relevancia para el gobierno la lidera el del Presupuesto General del Estado para el año 2023, el cual fue enviado el pasado 28 de septiembre, por el presidente Luis Abinader, a la Cámara de Diputados y es objeto de estudio por una comisión bicameral.
Le siguen en orden de relevancia para las autoridades los proyectos de ley de Fideicomiso Público, Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos y el que suprime la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS) y dispone la creación de la Empresa Generadora de Electricidad de Punta Catalina.
Esta última pieza fue aprobada en primera lectura en la Cámara de Diputados el pasado 22 de noviembre y solo le espera una sanción en segunda lectura para ser convertida en ley.
Otros proyectos de ley considerados relevantes por el Poder Ejecutivo son el que Reorganiza al Sector de Hidrocarburo en la República Dominicana, el Referendo Consultivo y Referendo Constitucional Aprobatorio, Seguridad y Defensa Nacional de la República Dominicana, Orgánica de la Cámara de Cuentas y de reforma integral a la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de la Seguridad Social.
Además, el de Aguas, de Código Penal, de Función Estadística Pública y Sistema Estadístico, las leyes electorales No. 15-19 Orgánica del Régimen Electoral y No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la General de Contrataciones Públicas, la que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Dirección de Ética y Transparencia (Diget).
La lista de iniciativas priorizadas por el Poder Ejecutivo la completan el contrato de préstamo, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 60 millones de dólares para financiar la agenda de Transparencia e Integridad en la República Dominicana.
De la anterior lista de iniciativas priorizadas por el gobierno solo dos lograron ser convertidas en ley y fueron promulgadas por el presidente Luis Abinader: la de Juicios de Extinción de Dominio y Orgánica de Regiones Únicas de Planificación de la República Dominicana