Dos fiscales en Argentina pidieron este lunes penas de prisión de hasta 12 años e inhabilitación para ocupar cargos públicos para la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por supuesta corrupción en la obra pública durante su gobierno.
La exmandataria está acusada de administración fraudulenta y de haber encabezado una asociación ilícita junto con su difunto marido, el expresidente Néstor Kirchner, durante los gobiernos de ambos (2003-2015).
Esta presuntamente se dedicaba a direccionar la obra pública en la provincia patagónica de Santa Cruz, que Néstor Kirchner gobernó durante más de una década antes de llegar a la presidencia y donde aún mantiene su residencia la vicepresidenta.
En su alegato final, el fiscal Diego Luciani aseguró que «se trató de la mayor maniobra de corrupción del país», y dijo que perjudicó al Estado por más de US$1.000 millones.
Por su parte Cristina Kirchner, cuyo abogado defensor presentará su alegato final en el mes de septiembre, ha rechazado todas las acusaciones, asegurando que es víctima del «lawfare» (guerra jurídica).
Poco después de que el fiscal pidiera las penas para Kirchner, el presidente, Alberto Fernández, tuiteó un mensaje en apoyo a su vicepresidenta: