Luis Arroyo Martínez es definido en los diarios españoles como uno de los más prestigiosos consultores internacionales de comunicación política que trabajó para el gobierno español en diferentes puestos; pero también es uno de los asesores mencionados en la acusación Medusa.
El expediente que sostiene la acusación del caso Medusa señala la existencia de un contrato de asesoría con Luis Arroyo Martínez y su empresa Asesores de Comunicación Pública, S.L. el cual habría servido para desviar fondos de la Procuraduría General de la República hacia una asesoría de propaganda personal del exprocurador Rodríguez.
En el desarrollo de las investigaciones, el Ministerio Público “identificó contrataciones por el monto de RD$19,530,988.01, efectuados por la Procuraduría General de la República Dominicana, teniendo como conceptos pagos de supuestas consultorías y asesorías, a favor de la empresa extranjera Asesores de Comunicación Pública, S.L. y su administrador único, el nacional español Luis Arroyo Martínez, conforme la certificación núm. IN-CGR-2021-004545, de fecha 30 de agosto del 2021, emitida por la Contraloría General de la República”.
El contrato también “contemplaba los gastos de viaje en clase de turista, alojamiento en hotel cuatro estrellas, y manutención”.
Estos fondos habrían sido destinados por el exprocurador “a los fines de proyectar políticamente su imagen personal, mediante la contratación ilegal de la empresa Asesores de Comunicación Pública, S.L. y Luis Arroyo Martínez, sin domicilio en el país, seleccionados a través de un procedimiento de excepción como proveedor único”.
No hay igual en RD
El expediente dice que el 13 de septiembre de 2016, la entonces procuradora adjunta “Vanessa Cabral Sánchez firmó una supuesta justificación técnica, para la contratación de Asesores de Comunicación Pública, S.L. sobre la falsedad de que en la República Dominicana nadie ofrecía dichos servicios”.
Los investigadores aseguran que la contratación que se hizo “mediante el procedimiento de excepción como proveedor único, consistió en un fraude a la ley para desfalcar y distraer dinero; tanto así que la Dirección General de Contrataciones Públicas, certificó que esos servicios o rubros son ofrecidos por miles de proveedores del Estado registrados, contrario al documento suscrito por la señora Sharon Vanessa Cabral Sánchez”, se lee en el expediente.
Fondos de la Agencia Española Cooperación
Los fondos que le pagaron a Arroyo Martínez y a Asesores de Comunicación Pública, S.L. salieron del dinero que la Agencia Española de Cooperación Internacional habría donado a la Procuraduría, dice la acusación.
“Jean Alain Rodríguez solicitó a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), la cooperación con el pago de trece mil setecientos euros (€13,700.00), en virtud del Proyecto de Mejora de la Eficacia de la Investigación Criminal, con cargo a la concesión otorgada a la Procuraduría General de la República en fecha 15 de agosto del 2015.
La consultoría que sería brindada por la firma española Asesores de Comunicación Pública, S.L. tenía como propósito realizar un supuesto levantamiento de información, elaboración de diagnóstico y definición de la estrategia y planificación general de la Procuraduría General de la República y sus titulares”, dice la acusación.
Sin constancia del servicio
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) dice que el contrato con la firma española Asesores de Comunicación Pública, S.L. “tenía como propósito realizar un supuesto levantamiento de información, elaboración de diagnóstico y definición de la estrategia…”. “Sin embargo, conforme la certificación del treinta (30) de enero del año dos mil veintidós (2022), la carpeta del proyecto no dispone de copia del informe, diagnóstico o estrategia que avale o certifique el resultado de la prestación del servicio definido en este contrato”.
Nota original: Diario Libre