Profesores pasan al sector público en busca de mejores condiciones laborales

Por Emilia Santos Frias

Confío más en el trabajo que en la suerte, reza un proverbio latino. Otro que creía en este axioma y aseguraba hace un siglo, que el trabajo más productivo es el que sale de las manos de personas contentas, por eso, hay que realizar con gusto nuestras tareas diarias, porque de ellas depende nuestra felicidad y la felicidad de quienes nos rodean, era el importante médico cirujano francés, Victor Pauchet. Hoy es justamente esto lo recomiendan expertos en función pública, buena administración y buen gobierno.

Pero, ¿qué ocurre cuando damos el todo por el todo en pro del beneficio colectivo, pero devengamos bajos salarios que no se corresponden con las grandes exigencias y cargas laborales? Paradoja de la vida, hace décadas los colegios privados solían ofrecer mayores beneficios al personal docente; sueldos más altos y mayor flexibilidad, participación, como el currículo: abierto, flexible, participativo, claro está, dependiendo del sector poblacional donde se encontrarán ubicados.

Eso cambió, cuando asumió como presidente de la República el doctor Leonel Fernández Reyna, recordado profesor uasdiano; uno de los aportes de su gestión fue aumentar el salario del profesor, de la profesora. Porque, así como se le exigió estudios y títulos universitarios, también se le acomodo laboralmente.

Desde entonces, con la demanda de la población del 4% para la Educación y la disposición de gobiernos que le sucedieron al Dr. Fernández, el profesorado del sector público ha obtenido mayores beneficios en salud, seguridad social y un salario que les permite vivir con decoro junto a sus familias.

Ventajas que no hoy no existen en la misma magnitud, en el sector privado, donde se mantiene gran carga laboral, caracterizada por largas jornadas; planificación de la docencia diaria, con exigencias de altos estándares de calidad, monitoreo o supervisión permanente; mayor número de asignaturas asignadas y compromisos hasta en la hora de recreación de las y los estudiantes. Sin embargo, lo que no ha aumentado es el sueldo devengado. 

En ocasiones, mientras más alto es el precio que pagan los padres y las madres por sus vástagos, en los llamados “colegios de papi y mami”, más bajos es el salario que recibe el maestro-a. ¡Es un secreto a voces! ¿Cree usted que con 25 mil pesos puede un maestro asumir sus compromisos económicos mensuales?,

Es una cifra que puede recibirse en colegios donde asisten niños y niñas procedentes de familias adineradas. ¡Sueldo de miseria!, sumados a grandes exigencias administrativas, largas horas laborales, y a las necedades de las madres y los padres que se creen los jefes directos del personal profesoral. 

No agregaré el mal clima laboral que existen en algunas de esas empresas, fruto del chisme y rumor como pan de cada día, enviado incluso hasta a través de los diferentes grupos de Whatsapp entre su personal docente, discente, y asociación de padres y amigos. ¡Hay que vivirlo para creerlo!, las absurdas reglas del jefe, nunca líder, obligan a los profesores y las profesoras a «laissez faire, laissez passer». 

Sin hablar de la pésima educación doméstica de muchos discentes. En fin, el profesor y la profesora de vocación de nuestro país, han sido duramente golpeados. Se perdió el sacerdocio de antaño y también la protección al maestro;  hoy no se le honra totalmente. 

Mientras, los colegios, que siempre les han explotado, invisibilizan su importancia, luego de absorber sus saberes académicos, y no permitirle disfrutar de un trabajo decente; compuesto por las características que define la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Hoy se alarman y desean retener a las maestras y los maestros, pero “es que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista”. ¡Enhorabuena!

Es risible el clamor  realizado recientemente por varias asociaciones de colegios privados del país, quienes repudian la contratación por parte del Ministerio de Educación, de profesores que laboran en sus establecimientos. Su planteamiento no es ni será ponderado por las y los docentes. ¡Osaron alzar la voz porque “constituye un atentado a la calidad de la docencia y a la salud emocional de sus estudiantes”! 

Pero no se centraron en analizar, ni lo harán, que las y los docentes tienen derechos a que les sean garantizados sus derechos humanos y fundamentales, entre ellos los laborales. Que merecen protección y por eso, van en busca de ella, porque uno “por su mejoría hasta su casa dejaría”.

Ahora pegan el grito al cielo, y dicen que, al ser contratados cientos de profesores por ser sector público, “más de 256 mil estudiantes de centros privados saldrán perjudicados”. Tardaron en darse cuenta de la importancia que tiene su personal. Con alegría vemos que se acerca el fin de un periodo de explotación hacia un grupo profesional y goce de lucro por parte de los explotadores. Bien dicen que “la vaca, mientras más se ordeña más larga tiene la teta”, pero ¡ya no hay vaca!. Asimismo hay que poner freno al negocio del alto costo de la matrícula estudiantil, reinscripción y venta de libros de texto.

Estamos seguros que hoy millares de docentes viven constreñidos económicamente, sin tiempo para sus familias; sin vida social debido a una labor docente ardua y agotadora en el sector privado. Profesión que aman  pero que también les mantiene extenuados y castrados por sus empleadores, con todo el tiempo copado, y esa acción sin dudas desencadenará en enfermedades. 

¡En eso no han pensado!, tampoco en las jugosas sumas de dinero que obtienen cada año versus las necesidades laborales de su personal laboral, parte fundamental en la obtención de esos ingresos, pues mediante un trabajo de calidad; exhibido en el proceso enseñanza aprendizaje en el aula,  fomentan como actores esenciales, que esas empresas prosperen. ¡Cuando se puede evitar un mal es necedad aceptarlo!, decía el escritor Terencio.

Los colegios privados olvidaron además, el artículo 62 de la Constitución dominicana, que valida el trabajo como un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Por tanto, se debe fomentar el empleo digno y remunerado, en igualdad y equidad para mujeres y hombres. Al tiempo que, se prohíbe toda clase de discriminación para acceder al empleo o durante la prestación del servicio. ¡Pensé que el Estado éramos todas y todos!

Me permito recordarle además, la definición de trabajo que hace la OIT: es el conjunto de actividades humanas, remuneradas que producen bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos. Pero, trabajo decente es cuando se dignifica y permite el desarrollo de las personas, no cuando este se realiza sin tener garantizado respeto a los principios y derechos laborales fundamentales.

También, la OIT recomienda no llamar trabajo decente a aquel que no permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado; al que discrimina en razón de género ni al que se realiza sin protección social. Tampoco, a aquel que excluye el diálogo social y el tripartismo. ¡Cualquier parecido con la realidad es real, no es ficción!

En el mismo orden, lo señores dueños y administradores de colegios parece que han prestado poca atención a los artículos 148-152 de la Ley 66-97, General de Educación, descritos a continuación: establecer las condiciones necesarias para que el profesional docente alcance un nivel de vida digno, un estatus y reconocimiento social acorde con su misión profesional y que disponga de los recursos y medios indispensables para el perfeccionamiento y el ejercicio efectivo de su labor. 

La dignificación y el mejoramiento de la vida del docente, es decir, satisfacer necesidades básicas, como salario digno y acorde al trabajo desarrollado; vivienda, salud, alimentación, vestido y formación en servicio. Plan de retiro, de pensiones y de incentivos profesionales; de licencia y permiso. Laborales, como transporte, condiciones de ubicación del centro donde trabaja y ámbito organizacional). Sociales, de estatus en la sociedad, enriquecimiento cultural y recreo, recreación, uso tiempo libre, preparación para la jubilación.

La valoración del personal docente, basado en la capacidad, formación, rendimiento, localización del centro donde trabaja; grado que atiende, escalafón, responsabilidad y reconocimientos por obras escritas o méritos sobresalientes. 

Mientras que, en la política salarial, de valorización del trabajo docente se debe observar el esquema de incentivos: personales y la profesionalización institucional; seguridad social; laborales. Además de las conquistas salariales y no salariales secundarias.

Por eso, es necesario que mantengamos presente que la enseñanza, como afirmó un gran sabio, es más que impartir conocimiento, es inspirar el cambio. Lo que necesita nuestra sociedad. ¡Gracias al escritor William Arthur Ward, por esta frase tan certera! Encomio al pensador Confucio, que nos exhortó: “Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida”. ¡Plausible!, pero nuestro esfuerzo laboral; servicio desprendido en el que, además, ponemos todas nuestras competencias o calidades; valores universales y saberes, amerita respeto a derechos humanos, reconocimiento y un pago justo. Aplaudimos este éxodo y la contratación de profesoras y profesores en el sector público. 

Hasta la próxima.

santosemili@gmail.com                                                                                                    

La autora reside en Santo Domingo

Es educadora, periodista, abogada y locutora.