Santo Domingo.– El juez José Alejandro Vargas Guerrero consideró que el nuevo Código Penal puede ser objeto de modificaciones sin que ello implique retrasar su entrada en vigencia, al sostener que «ninguna obra humana es perfecta» y que las leyes deben ajustarse conforme evolucionan las necesidades de la sociedad.
Vargas señaló que ha escuchado los cuestionamientos formulados por distintos sectores sobre el contenido de algunos artículos del Código Penal, especialmente los relacionados con la libertad de expresión y otros derechos fundamentales.
Libertad de expresión y democracia: El equilibrio de derechos en el Código Penal
El magistrado sostuvo que la libertad de expresión, de pensamiento y de información constituye uno de los pilares esenciales de la democracia, aunque recordó que estos derechos deben coexistir con otros igualmente protegidos por la Constitución, como el derecho al honor, la intimidad y la privacidad.
En ese sentido, llamó a que los sectores que han manifestado objeciones al Código Penal puedan dialogar con los actores involucrados para construir consensos que permitan armonizar los distintos derechos fundamentales.
«Si se calla la libertad de expresión, la discusión del pensamiento y la libertad de información, entonces se corre el riesgo de que muera la democracia», expresó.
Respecto a los recursos de inconstitucionalidad que han sido anunciados contra la legislación, Vargas afirmó que el Tribunal Constitucional está plenamente preparado para conocer cualquier acción directa que sea presentada por ciudadanos, organizaciones o cualquier persona con legitimidad para accionar.
Indicó que corresponde a ese órgano garantizar la supremacía de la Constitución, el orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, por lo que será esa alta corte la que decida, en su debido momento, sobre la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas.
¿Modificación en el Congreso? La salida legal que propone el magistrado Vargas
Asimismo, planteó como una posibilidad que, una vez entre en vigor la nueva legislación, el Congreso Nacional revise aquellos artículos que eventualmente puedan entrar en conflicto con la Constitución, aunque aclaró que esa decisión dependerá de la voluntad política de los legisladores y del Poder Ejecutivo.
https://eldia.com.do/