Por :Nolberto Batista
La creciente desconfianza en la justicia dominicana tiene una causa estructural, el abuso de poder. Este problema no se limita a actores individuales que actúan de forma indebida, sino a un sistema que ha terminado normalizando el uso de influencias y ventajas procesales. Con frecuencia, este fenómeno opera de manera silenciosa, a través del uso excesivo de recursos legales y decisiones que producen resultados injustos y destruyen progresivamente la confianza pública en las instituciones.
Desde decisiones sin explicación hasta privilegios procesales y presiones sobre jueces o fiscales, el abuso de poder alimenta una justicia selectiva que solo funciona para unos pocos. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han advertido sobre este riesgo, señalando que el uso indebido de los procesos judiciales puede convertirse en una herramienta de intimidación para afectar derechos y reputaciones sin base sólida.
En el contexto dominicano, el abuso de poder jurídico suele manifestarse en prácticas que van desde la interposición reiterada de acciones sin fundamento hasta la prolongación innecesaria de conflictos mediante recursos sucesivos que ralentizan la resolución definitiva de los casos. Aunque las leyes establecen que los procesos deben actuar con buena fe y sin abusos, en la práctica estas reglas pocas veces se aplican.
El propio Poder Judicial de la República Dominicana ha reconocido en distintos informes institucionales el impacto de la congestión judicial y el uso excesivo de mecanismos procesales como uno de los principales retos para la eficiencia del sistema. Cuando estas herramientas se utilizan estratégicamente para presionar, intimidar o generar desgaste económico y reputacional, el proceso judicial deja de proteger derechos y empieza a utilizarse como un instrumento de poder.
Este escenario nace de la falta de transparencia y la nula rendición de cuentas. Es frustrante ver una justicia donde algunos procesos vuelan para los privilegiados pero otros que estancan para el ciudadano común. El resultado es grave porque la ley ya no protege a todos por igual, sino que se convierte en un privilegio reservado para quienes tienen poder.
El problema no es solo la demora en los tribunales, sino el impacto que estas prácticas tienen sobre la igualdad ante la ley. Cuando el litigio se convierte en herramienta de presión, aparece la “pena del proceso” ganar el caso no evita que el afectado haya sufrido pérdidas económicas, desgaste personal y daño a su reputación. En muchos casos, el proceso judicial termina siendo más perjudicial que cualquier sentencia.
Combatir el abuso de poder trasciende el plano moral individual y se convierte en un desafío institucional que exige reglas claras, controles efectivos y sanciones capaces de transformar estructuras que, durante años, han operado beneficiándose del desorden y la impunidad. Sin transparencia ni mecanismos reales de rendición de cuentas, el sistema termina premiando el abuso en lugar de corregirlo. Como advierte la organización internacional Transparencia Internacional, la corrupción y el abuso de poder prosperan donde las instituciones son débiles y la supervisión pública resulta insuficiente. Sin reformas estructurales profundas, la justicia dominicana continuará expuesta a la arbitrariedad y a la pérdida progresiva de confianza ciudadana.