Sobre el planteamiento de algunos sectores de que la República Dominicana y Haití vayan a un arbitraje internacional para resolver el desacuerdo por la construcción de un canal en el río Masacre, el canciller Roberto Álvarez expresó ayer su parecer del porqué considera que aún no es necesario resolver el dilema bajo esta modalidad.
El funcionario, quien fue invitado al Senado de la República para detallar la política del Gobierno en la frontera, considera que aún no es necesario resolver el dilema del canal en un tribunal internacional.
“En primer lugar, no se ha llegado a ese punto”, dijo el ministro
Y apuntó a continuación que “ante la llegada inminente de una fuerza internacional a Haití, no me parece que este es el momento para estar entrando a algo de esa naturaleza y, sobre todo, cuando están planteadas elecciones en Haití, con un gobierno, que prácticamente hoy en día está operando con las instituciones básicas y con una legitimidad cuestionable para poder entrar en una negociación de esa naturaleza”.
No obstante, aclaró que República Dominicana ejecutará otras medidas, pero antes de dialogar, reiteró que los trabajos del canal se deben detener para realizar los estudios de impacto ambiental.
El canciller indicó que en los próximos dos meses estaría lista el desembarco de la fuerza multinacional en Haití, puesto que ya, el pasado lunes, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2699 con la que da el visto bueno al envío de tropas a ese país para enfrentar a las bandas e instaurar la paz. La misión será liderada por Kenia y tendrá participación de unos 14 países.
Además, que el gobierno del primer ministro haitiano Ariel Henry está maniatado entorno a las tomas de decisiones, debido a que las pandillas armadas controlan el 70 % del territorio de Haití.
El canciller fue invitado al Senado para responder las medidas del Gobierno entorno al impasse del canal en el río Masacre. No solo habló ese tema, sino que también respondió puntos correspondientes a otras instituciones, así como posturas personales que asumió en 2014, cuando se promulgó la Ley 169-14 sobre Naturalización.
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