La Fiscalía española acusa a la cantante colombiana Shakira de haber defraudado a Hacienda más de 6 millones de euros en las declaraciones de la renta y del impuesto de patrimonio de 2018, utilizando para ello un entramado societario con sede en paraísos fiscales.
Así lo sostiene el ministerio público español en la querella que presentó hace 3 meses contra la artista -ya notificada a su domicilio en Miami-, lo que dio pie a que un juzgado de Barcelona abra una segunda causa contra ella, por dos delitos contra la Hacienda Pública.
No obstante, el gabinete de comunicación de Shakira precisó que no ha recibido «notificación alguna en Miami, domicilio oficial de la cantante, sobre la querella», y resaltó que su equipo legal está «centrado en la preparación del juicio» que empezará el próximo 20 de noviembre.
Shakira será juzgada ese día en la Audiencia de Barcelona por defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, en otra causa que también se inició por una querella de la Fiscalía de Delitos Económicos de esa ciudad española.
En esta ocasión, el ministerio público plantea en su querella que la artista colombiana pueda declarar como investigada por videoconferencia desde su domicilio en Estados Unidos, adonde se trasladó desde Barcelona tras su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué.
En concreto, la querella sostiene que la cantante defraudó a la Agencia Tributaria española 5,3 millones del impuesto de la renta sobre personas físicas (IRPF), correspondientes a los ingresos que percibió por su gira de 2018 «El Dorado» y por la cesión de sus derechos intelectuales, y otros 773.600 euros en el impuesto de patrimonio por los 12 millones que posee en inmuebles y activos financieros.
Para defraudar al fisco la querellada se sirvió de un entramado societario y presentó «declaraciones inveraces» del IRPF, en las que omitió declarar rendimientos y se dedujo gastos que no procedían, con lo que logró reducir la cuota a pagar a Hacienda.
Según la denuncia, Shakira cobró parte de los ingresos que percibía por la cesión de sus derechos musicales a través de una sociedad constituida en Luxemburgo con la que firmó varios «contratos simulados», de forma que se benefició de una tributación «muy reducida» que en el ejercicio de 2018 se situó en el 1,39 %.
Esa firma luxemburguesa, en opinión de la Fiscalía, «era meramente una sociedad interpuesta a los únicos efectos fiscales» que no llegó a desempeñar actividad alguna, más allá de una «intervención meramente formal y administrativa».
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