Participación Ciudadana (PC) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) reaccionaron ayer martes a la decisión del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y de otra jueza de esa alta corte de no optar por un nuevo período.
PC advirtió sobre el riesgo de que se genere la percepción de que «todo esté decidido» en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), mientras Finjus atribuyó la dimisión de Luis Henry Molina a una decisión estrictamente personal, la que no se le debe cuestionar.
El coordinador general de PC, Francisco -Pancho – Álvarez dijo que debe preocupar el desistimiento de Molina y de la también jueza de la SCJ, Nancy Salcedo, a ser evaluados para un nuevo período porque podría motivar a otros magistrados a hacer lo mismo, como una manera de evitar someterse a un proceso que finalmente no tendrá un impacto real en la decisión de los consejeros.
Consideró también que si Molina optó por no exponerse a una valoración de su desempeño porque conocía que no iba a ser confirmado, «está muy mal» por la razón de que la Constitución ordena la evaluación.
Álvarez advirtió, además, que resulta preocupante la tendencia a normalizar el reemplazo de jueces jóvenes cada siete años, cuando podrían permanecer en sus cargos hasta alcanzar la edad de retiro.
«Somos un país pobre y no podemos darnos el lujo de jubilar a quienes aún tienen todas las condiciones para seguir trabajando y aportando su experiencia al país», señaló. Como ejemplo, mencionó a los magistrados sustituidos de la SCJ Pilar Jiménez, Esther Agelán Casasnova e Hiroito Reyes. «Creo que en un futuro cercano deberemos revisar la Constitución para adoptar un modelo más eficiente», indicó el coordinador general de PC.
Molina y Salcedo informaron su decisión al concluir la primera sesión del CNM, encabezada por el presidente Luis Abinader, en la que el organismo aprobó el cronograma que regirá el proceso de evaluación de desempeño de los jueces de esa alta corte, cuyo período constitucional concluyó el pasado mes de abril. Ambos tienen un solo periodo en la SCJ, que son siete años.