El titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, confió en que las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictarán sentencias ejemplares en el juicio por corrupción contra los generales Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola y compartes, implicados en los casos Coral y Coral 5G.
Tras asegurar que el Ministerio Público demostró con pruebas ante el tribunal los actos de corrupción cometidos por los implicados para beneficiarse con recursos del Estado a través de varias instituciones, Camacho expresó: “Esperamos que este caso cierre con sentencias que sean ejemplares y no simbólicas”.
El procurador adjunto califico los planteamientos formulados por la defensa del imputado Raúl Alejandro Girón, como una “confusión” de su abogado.
“Eso no es más…, no pasa de una confusión”, sostuvo.
“El acuerdo que ha hecho el Ministerio Público con Raúl Alejandro Girón está firmado en un documento; ese documento lo hemos puesto a disposición del tribunal y no debe haber mayores inconvenientes para que este proceso termine conforme a los términos incluidos en ese acuerdo”, indicó.
Asimismo, destacó que el Ministerio Público asumió un compromiso al acordar dichos términos.
“Cumplimos con esos términos y la defensa tiene que respetarlos”, afirmó.
Explicó que el acuerdo puede conocerse de manera oral en audiencia, conforme al Código Procesal, por lo que no era necesario presentarlo por escrito. No obstante, indicó que fue depositado para mayor claridad del tribunal.
Camacho señaló que el acuerdo contempla el decomiso de dinero, lo cual se justifica con las pruebas presentadas en audiencia ante las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
“Lo que hemos presentado en el proceso justifica el decomiso de ese dinero y esperamos que el tribunal así lo disponga”, indicó.
“Igual que esperamos que este caso cierre con sentencias que sean ejemplares y no simbólicas”, reiteró.
Proceso entrará en la recta final
El procurador de corte, Camacho, habló a la salida del tribunal, luego de que las juezas aplazaran la audiencia para el 7 de abril, fecha en la que se escuchará la réplica del Ministerio Público a las conclusiones de las defensas.
Posteriormente, se procederá con la contrarréplica de los abogados de los imputados.
La magistrada presidenta del tribunal, Gisselle Méndez, adoptó la decisión tras escuchar la defensa de Raúl Alejandro Girón, que presentó sus conclusiones finales solicitando su absolución, el levantamiento de la medida de coerción y el cese de las oposiciones a sus cuentas bancarias.
Este imputado ha colaborado desde el inicio con el Ministerio Público tanto en la investigación como en el proceso judicial de los casos Coral y Coral 5G.
Una vez concluyan las réplicas y contrarréplicas, el tribunal se retirará a deliberar las pruebas, la acusación y los argumentos de defensa. La decisión será emitida en un plazo no mayor de 30 días.
Pedimento del Ministerio Público
El Ministerio Público solicitó en febrero penas de 20 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos contra los principales imputados, entre ellos los generales Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola, acusados de sustraer más de RD$4,500 millones al Estado mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
También solicitó igual condena para el coronel Rafael Núñez de Aza, el general Boanerges Reyes Batista y el capitán Franklin Antonio Mata Flores.
Mientras que pidió 15 años de prisión y multas de 300 salarios mínimos, incluyendo a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora), Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco.
Asimismo, solicitó condenas de 10 años de prisión y multas de 200 salarios mínimos para varios implicados, además de penas de 5 años para otros procesados, incluyendo a Raúl Alejandro Girón Jiménez.
El órgano acusador también pidió la clausura y disolución de entidades vinculadas, como la Iglesia Bautista Vida Eterna, así como sanciones contra varias empresas.
Además, solicitó el decomiso de bienes incautados, incluyendo inmuebles, vehículos de lujo y dinero en efectivo.
Solicito el decomiso a favor del Estado más de 200 inmuebles, 86 vehículos de alto cilindraje y sumas millonarias en efectivo, todos solicitados en decomiso. Estos bienes han generado ingresos superiores a RD$86 millones.
El Ministerio Público acusa a Cáceres Silvestre de encabezar esta red de corrupción, integrada por 48 imputados entre personas físicas y empresas, que operó entre 2012 y 2020 desviando fondos públicos de entidades como el CUSEP, CESTUR y CONANI.
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