La defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, insistió este jueves de que “no hubo acto de corrupción” durante toda la gestión del exfuncionario en esa institución y que se extendió desde el 2006 al 2020, por lo que, según entiende, debe ser absuelto bajo el alegato de que “es inocente”.
Eduardo Núñez, uno de los abogados de Guerrero, aseguró que las acusaciones son «materialmente imposibles” en cuanto a lo que tiene que ver con en el supuesto pago irregular de 21 mil millones a contratistas del Estado y por los terrenos declarados de utilidad pública comprados a familias que reclamaban el desembolso dese hacía décadas.
“Cumplir sentencias judiciales y saldar deudas históricas por terrenos que el Estado ocupó y utilizó no es corrupción”, sostuvo la defensa del principal imputado en la presunta estafa de más de 41 mil millones contra el Estado.
Además de los casi 21 mil millones de pagos presuntamente irregulares a contratistas a través del Banco de Reservas, la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) sostiene, en su acusació,n que también se desembolsó un monto de RD$20,281,133,589.11 correspondientes al saldo irregular de “expropiaciones y reconocimientos de deuda administrativa”.
“Donald Guerrero nunca le pagó a ningún contratista, sino que lo hizo al Banco de Reservas, de acuerdo a las facilidades crediticias que otorgaba la Junta Monetaria”, explicó el abogado Núñez al salir de audiencia en la que presentó sus alegatos a favor de su cliente.
Con respecto al pago de 21 mil millones a los contratistas, sostuvo que el mismo Estado “certifica que tiene el dinero”.
“El Estado dominicano certificó que todo el dinero se encuentra en manos del Banco de Reservas”, dijo Núñez.
Reiteró que debe también declararse la extinción de la acción penal porque la persecución contra el exministro de Hacienda “tiene hoy cinco años, a partir del primer interrogatorio” que se le hizo.
“Hace tiempo que los plazos están agotados, hace más de un año”, subrayó.
Las expropiaciones
Sobre los pagos por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, los abogados Eduardo Núñez, María del Pilar Zuleta y Manuel Rodríguez sostuvieron en un documento que distribuyeron a la prensa este mismo jueves que “muchas de ellos” fueron ordenados por sentencias judiciales firmes y tasadas por órganos oficiales del propio Estado.
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