Otra de las modalidades utilizada para ejecutar el fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa) fue la utilización del programa de vacunación nacional, a través del cual se estableció una estructura mediante la facturación de vacunas que eran adquiridas de forma gratuita y de inmunización no pertinente según edad y esquema de vacunación.
Así establece el expediente del caso Senasa en el que figuran diez imputados, y como principal se señala a Santiago Hazim, exdirector de esa aseguradora estatal.
El expediente cita el informe General de Prestación Servicios de Vacunas, periodo enero 2021 -septiembre 2025, del Senasa, en el cual uno de los hallazgos más alarmantes es que RD$407,370,110 fueron utilizados para pagar vacunas que, por ley, debían ser administradas gratuitamente por el Ministerio de Salud Pública, dentro del Programa Ampliado de Inmunización (PAI).
«De los prestadores contratados y evaluados, se pudo constatar que existen centros que adquieren estas vacunas de la dispensación del Ministerio de Salud Pública. Así mismo, el informe evidencia que a los prestadores de servicios de salud se les pagaba RD$200.00 por concepto de aplicación de vacuna a los afiliados, de las vacunas PAI del Ministerio de Salud Pública; vacunas que eran recibidas por los centros de vacunación privados gratuitamente del Ministerio de Salud Pública, por lo que no debió existir motivo de pago», indica.
Durante el proceso investigativo también se evidenció que la distribución de los montos pagados según el régimen de afiliación, periodo enero 2021 – septiembre 2025, no concuerdan con el tarifario acordado con los prestadores de servicio de salud, según el Ministerio Público.
Vacunas no concuerdan con edad
Otros descubrimientos críticos, producto de la investigación, son los hallazgos en las auditorías médicas realizadas por Senasa a las prestadoras de servicios de salud Escudea Centro de Vacunación Infantil SRL, Super Kiddos SRL, Inmunizaciones San Cristóbal, Vacu Este Centro de Vacunación, Vacumed SRL, entre otras; en los cuales se encuentran: facturación de inmunización no pertinente según edad y esquema de vacunación.
«Dentro de estos podemos ver: Vacuna DPT no pertinente según edad y esquema de vacunación, con un monto contratado de RD$3,500.00 por vacuna, siendo que la inmunización pertinente para su edad es DT con un monto contratado de RD$1,000.00, ya que la vacuna DPT está contraindicada a partir de los 7 años, dicha facturación representa un monto de RD$2,500.00 de sobre precio por cada autorización no pertinente emitida de esta inmunización», agrega.
Entre otras irregularidades destacadas se encuentran:
- Vacuna Pentavalente: La facturación desagregada de esta inmunización conlleva a una sobrefacturación de RD$1,700.00 por cada autorización.
- Vacunación Combinada contra Haemophilus Influenza Tipo B, Difteria tétanos Tos Ferina y Hepatitis B PENTAVALENTE, contratada a un monto de RD$3,200.00.
- Facturación de vacunas no aplicadas a los afiliados, comprobado mediante verificación de servicios facturados VS registro de tarjeta de vacunación y testimonio de afiliado.
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- Se evidenció la presentación de reclamaciones incompletas, sin especificar el tipo de vacuna administrada a los afiliados y se detectaron reclamaciones sin la firma de conformidad del afiliado.
- Se observó la homologación de servicios en afiliados con plan básico, a quienes se les administró la vacuna Gardasil, la cual no cuenta con cobertura para dicha población.
- Se encontraron facturaciones de servicios no brindados, vinculadas a afiliados que compartieron sus tarjetas de vacunación.
- En revisiones de tarjetas de vacunación, se pudo evidenciar que estas vacunas pertenecen a las entregadas por el Ministerio de Salud Pública, etc.
¿Cómo ampliaron los prestadores y se hicieron los pagos?
Según el expediente, hasta 2019, la vacunación con el Senasa se realizaba principalmente en centros públicos y solo contaban con dos prestadores privados para vacunación.
Para entonces, la política de contrataciones priorizaba los centros del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), a los cuales únicamente se les reconocía el monto por concepto de administración y aplicación de vacunas provistas gratuitamente por el programa nacional.
- «Salud Pública recibe del fondo rotatorio con la OPS, las vacunas para toda la población, no para venderlas a centros privados, por lo que se distribuyen gratuitamente a nivel nacional, incluyendo a algunos centros de vacunación privados, logrando una cobertura superior al 98-100%, a través de campañas masivas entre el año 2022 y el año 2024, distribuyendo más de 12.3 millones de dosis gratuitamente», indica.
En el 2020, con el cambio de gestión, el imputado Santiago Hazim como director del Senasa, creó dentro de la estructura institucional el Comité de Contrataciones Médicas, sin sustento legal, e implementó la posibilidad de contratar centros privados para las vacunas, expandiendo la red de 2 a 12 prestadores de servicios de salud, terminando en el año 2025 con 20 prestadores de vacunas.
El Ministerio Público asegura que la estructura criminal aprovechó la libertad de contrataciones de los prestadores de servicios de salud, los fondos y mecanismos del programa de vacunación nacional para inflar estadísticas y facturar vacunas nunca aplicadas, apropiándose ilícitamente de recursos destinados a la salud preventiva de la población.
Prisión preventiva
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso 18 meses de prisión preventiva contra el exdirector del Senasa, Santiago Hazim, y otros seis imputados, acusados de formar parte del presunto entramado de corrupción.
Además de Hazim, la medida fue impuesta a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
En tanto, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y favoreció con medidas menos gravosas a tres de los diez imputados, luego de que admitieran haber recibido sobornos y accedieran a colaborar con la investigación.
Se trata de Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y el empresario Eduardo Read Estrella. A las primeras, el magistrado les impuso prisión domiciliaria, impedimento de salida del país y una garantía económica de un millón de pesos.
A Read Estrella se le impuso impedimento de salida y arresto domiciliario.
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