La empresa Dekolor S.R.L. fue, según el Ministerio Público, “un vehículo instrumental dentro del entramado empresarial de José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), utilizado para canalizar fondos públicos provenientes del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) mediante contratos y adendas irregulares, alteraciones de precios y proyecciones ficticias”.
De acuerdo con el expediente, la sociedad comercial Dekolor S.R.L. fue constituida el 26 de febrero de 2002 con un capital social de RD$150,000,000.00, bajo la nacionalidad dominicana y con duración indefinida.
Inicialmente se dedicaba a la impresión, rotulación y publicidad, sin experiencia ni habilitación técnica en tránsito ni seguridad vial.
Sin embargo, a partir del 2019, la empresa experimentó una transformación atípica en su estructura y operaciones, coincidiendo con la irrupción de Gómez Canaán en su dirección de hecho, a través de OML Inversiones S.R.L. -de su propiedad- y de la Fundación RGS, representada por Rogelio Ramón Oruña Aguilar.
“A partir de esa etapa, Dekolor S.R.L. pasó de ser una empresa de impresión comercial a convertirse en un vehículo instrumental dentro del entramado empresarial de Gómez Canaán, utilizado para canalizar fondos públicos provenientes del Intrant mediante contratos y adendas irregulares, alteraciones de precios y proyecciones ficticias”, detalla el expediente del MP.
Según el Ministerio Público, la composición societaria de 2023 confirma que Gómez Canaán ejercía control efectivo sobre las decisiones financieras y administrativas de la empresa, utilizando su estructura para el encubrimiento patrimonial y el lavado de activos, en coordinación con otras razones sociales bajo su dominio, como PagoRD Xchange S.R.L., Transcore Latam S.R.L. y Aurix S.A.S.
El 7 de enero de 2020, el Intrant suscribió con Dekolor el contrato DJ-CSB-001-2020 para la “instalación y operación del sistema integral de emisión de licencias de conducir”. Desde entonces, Jochi Gómez mantuvo el control efectivo de la compañía, con el objetivo de apropiarse de los flujos financieros generados por las licencias.
El expediente detalla que Dekolor asumió el monopolio del servicio, incorporando equipos, software y personal sin las certificaciones requeridas, violando las leyes 340-06 y 10-07 sobre compras y control gubernamental. Los pagos de usuarios eran procesados por un intermediario electrónico, PagoRD Xchange S.R.L., empresa sin registro ante la Superintendencia de Bancos, pero igualmente vinculada a Gómez Canaán.
Posteriormente, el expediente detalla que el entonces director del Intrant, Rafael Ernesto Arias Ramírez, firmó el 27 de mayo de 2021 una adenda contractual que amplió el contrato original, modificando su objeto y precio, e incorporando cuatro nuevos servicios, entre ellos los requisitos médicos para licencias de conducir y la gestión de los Centros Médicos Psicofísicos (CEMECO), pese a que la empresa no contaba con habilitación sanitaria para ofrecer dichos servicios.
La Dirección de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud (DHSES) certificó, mediante el oficio núm. DHSES-2025-01167, que no existen registros de habilitación de centros identificados como CEMECO ni de empresas autorizadas para realizar evaluaciones médicas destinadas a la obtención o renovación de licencias, según el expediente.
“Pese a esa prohibición expresa, Arias Ramírez omitió el deber legal de convocar un proceso de licitación pública y procedió a adjudicar directamente los servicios a Dekolor, en franca violación de los principios de libre concurrencia, transparencia y legalidad administrativa”, agrega el documento del MP.
El Ministerio Público sostiene que esta actuación buscó favorecer los intereses económicos de Gómez Canaán, quien controlaba a Dekolor S.R.L. y utilizó la adenda como mecanismo para extender su dominio económico sobre nuevos rubros de recaudación estatal.
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